Sanidad pública
Autor: ANXO GUERREIRO
Artículo de Opinión en El PAIS (ed. Galicia), 10/03/2010
http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Sanidad/publica/elpepiautgal/20100310elpgal_12/Tes?print=1
Entre las ya numerosas promesas incumplidas por Núñez Feijóo en el corto espacio de tiempo que lleva ejerciendo el cargo de presidente de la Xunta destaca aquélla que anunciaba a bombo y platillo el aumento del gasto social. Basta con echar un rápido vistazo al presupuesto de 2010 para comprender por qué la Xunta no ha vuelto a mencionar semejante propuesta. 
Especialmente afectada por el incumplimiento de Feijóo se encuentra nuestra sanidad pública. En efecto, nuestro sistema sanitario, que representa un tercio del presupuesto público de Galicia, que emplea a más de 42.000 trabajadores y constituye uno de los principales instrumentos de cohesión de que dispone la sociedad, ha visto disminuir, contrariamente a lo prometido, sus recursos económicos. Algo especialmente grave en un país como Galicia que tiene el gasto público sanitario por habitante más bajo de la UE (15º) después de Grecia y que, además, se ha ido distanciando del promedio europeo desde 1993. La situación empeora todavía más si se tiene en cuenta que el porcentaje de la población anciana en Galicia es mayor que el promedio europeo y que este grupo consume muchos más recursos que el resto de la población.
Estas restricciones presupuestarias, unidas a otras discutibles decisiones de los gestores sanitarios, han contribuido decisivamente a que en el último año el número de pacientes en las listas de espera quirúrgicas se haya incrementado en un 10% y el tiempo medio de espera en un 14%. Y en las listas de consultas el incremento haya sido del 4% y del 6% respectivamente. 
Si a ello añadimos que la llamada lista de espera no estructural, que la consellería se niega a publicar, alcanza en el promedio del Sergas el 32% y en áreas sanitarias como la de Vigo supera el 50%, comprenderemos fácilmente que nos encontramos ante una situación insostenible que amenaza seriamente tanto la eficacia clínica como la equidad del sistema.
Pero si analizamos las prioridades del gasto, es decir, los recursos que se destinan a cada nivel de atención, concluiremos que, además de gastar poco, lo gastamos mal. La escasa prioridad de la atención primaria y de la dimensión sociosanitaria del sistema conlleva la excesiva masificación de estos centros, con un promedio de tiempo de visita de los más bajos de Europa. Asimismo, esta escasa prioridad de la atención primaria explica en gran medida la enorme carga asistencial de los hospitales, incluido el colapso de sus servicios de urgencias, donde un alto porcentaje de los casos podrían ser correctamente resueltos en los centros de atención primaria, si éstos estuviesen convenientemente dotados.
Mención especial merece el sistemático incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades, con demoledoras consecuencias para nuestra sanidad pública. A ello se debe, entre otras disfunciones graves, el aumento artificial de las listas de espera, lo que obliga a los ciudadanos a buscar solución en la sanidad privada en la que casualmente numerosos profesionales del sector público trabajan ilegalmente. Conviene recordar al respecto que la Ley de Incompatibilidades en su artículo 12.1 considera especialmente incompatible las actividades profesionales privadas prestadas a personas a quienes se está obligado a atender en el desempeño del puesto público. Tampoco los empleados públicos pueden ejercer su profesión en centros privados concertados pues la citada Ley de Incompatibilidades considera actividades en el sector público "las desarrolladas en entidades colaboradoras y concertadas con la Seguridad Social en la prestación sanitaria". Y, como es bien sabido, nadie puede percibir dos salarios del sector público. Cabe todavía añadir que la Ley General de Sanidad no permite establecer conciertos con centros privados cuando en alguno de sus trabajadores concurran las circunstancias que sobre incompatibilidades establece la legislación correspondiente (Art. 93).
Teniendo en cuenta la gravedad y dimensión del problema, es preciso que la Xunta aclare cuanto antes qué piensa hacer para resolverlo. Porque lo único que no pueden permitirse Núñez Feijóo y Pilar Farjas, después de sus encendidas proclamas de ley y orden, es mirar para otro lado cuando una ley de tal trascendencia social se incumple masiva y sistemáticamente.
Añadan ustedes a todo lo dicho el proceso de creciente externalización de recursos y de provisión de servicios sanitarios impulsado por el entusiasmo privatizador de la actual conselleira de Sanidade y tendrán una idea muy aproximada de los problemas que afligen a nuestra sanidad pública.
Especialmente afectada por el incumplimiento de Feijóo se encuentra nuestra sanidad pública. En efecto, nuestro sistema sanitario, que representa un tercio del presupuesto público de Galicia, que emplea a más de 42.000 trabajadores y constituye uno de los principales instrumentos de cohesión de que dispone la sociedad, ha visto disminuir, contrariamente a lo prometido, sus recursos económicos. Algo especialmente grave en un país como Galicia que tiene el gasto público sanitario por habitante más bajo de la UE (15º) después de Grecia y que, además, se ha ido distanciando del promedio europeo desde 1993. La situación empeora todavía más si se tiene en cuenta que el porcentaje de la población anciana en Galicia es mayor que el promedio europeo y que este grupo consume muchos más recursos que el resto de la población.
Estas restricciones presupuestarias, unidas a otras discutibles decisiones de los gestores sanitarios, han contribuido decisivamente a que en el último año el número de pacientes en las listas de espera quirúrgicas se haya incrementado en un 10% y el tiempo medio de espera en un 14%. Y en las listas de consultas el incremento haya sido del 4% y del 6% respectivamente. 
Si a ello añadimos que la llamada lista de espera no estructural, que la consellería se niega a publicar, alcanza en el promedio del Sergas el 32% y en áreas sanitarias como la de Vigo supera el 50%, comprenderemos fácilmente que nos encontramos ante una situación insostenible que amenaza seriamente tanto la eficacia clínica como la equidad del sistema.
Pero si analizamos las prioridades del gasto, es decir, los recursos que se destinan a cada nivel de atención, concluiremos que, además de gastar poco, lo gastamos mal. La escasa prioridad de la atención primaria y de la dimensión sociosanitaria del sistema conlleva la excesiva masificación de estos centros, con un promedio de tiempo de visita de los más bajos de Europa. Asimismo, esta escasa prioridad de la atención primaria explica en gran medida la enorme carga asistencial de los hospitales, incluido el colapso de sus servicios de urgencias, donde un alto porcentaje de los casos podrían ser correctamente resueltos en los centros de atención primaria, si éstos estuviesen convenientemente dotados.
Mención especial merece el sistemático incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades, con demoledoras consecuencias para nuestra sanidad pública. A ello se debe, entre otras disfunciones graves, el aumento artificial de las listas de espera, lo que obliga a los ciudadanos a buscar solución en la sanidad privada en la que casualmente numerosos profesionales del sector público trabajan ilegalmente. Conviene recordar al respecto que la Ley de Incompatibilidades en su artículo 12.1 considera especialmente incompatible las actividades profesionales privadas prestadas a personas a quienes se está obligado a atender en el desempeño del puesto público. Tampoco los empleados públicos pueden ejercer su profesión en centros privados concertados pues la citada Ley de Incompatibilidades considera actividades en el sector público "las desarrolladas en entidades colaboradoras y concertadas con la Seguridad Social en la prestación sanitaria". Y, como es bien sabido, nadie puede percibir dos salarios del sector público. Cabe todavía añadir que la Ley General de Sanidad no permite establecer conciertos con centros privados cuando en alguno de sus trabajadores concurran las circunstancias que sobre incompatibilidades establece la legislación correspondiente (Art. 93).
Teniendo en cuenta la gravedad y dimensión del problema, es preciso que la Xunta aclare cuanto antes qué piensa hacer para resolverlo. Porque lo único que no pueden permitirse Núñez Feijóo y Pilar Farjas, después de sus encendidas proclamas de ley y orden, es mirar para otro lado cuando una ley de tal trascendencia social se incumple masiva y sistemáticamente.
Añadan ustedes a todo lo dicho el proceso de creciente externalización de recursos y de provisión de servicios sanitarios impulsado por el entusiasmo privatizador de la actual conselleira de Sanidade y tendrán una idea muy aproximada de los problemas que afligen a nuestra sanidad pública.
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