lunes, 4 de enero de 2010

Trinidad Jiménez, Ministra de Sanidad y Política Social en EL PAIS (03/01/2010)

El diario "El País" ofrecía ayer (3-1-2010) una extensa e interesante entrevista con Trinidad Jiménez García-Herrera (Málaga, 1962), Ministra de Sanidad y Política Social del Gobierno de España. Por la cantidad de temas que aborda, creemos que será de interés para los lectores del blog.
A juicio de la redacción de "Diario de un médico de guardia" es una ministra de sanidad que lo está haciendo bien, máxime en un momento tan complicado como el de la pandemia de gripe A. Hay que señalar que cuando fue nombrada y en el diseño de la estructura de gobierno del Estado se decidió fundir/fusionar en un único ministerio a Sanidad y parte de Asuntos sociales, hubo voces que indicaron que se hacía así porque el ministerio de Sanidad ya casi no tenía protagonismo ni peso en este tiempo en el cual las Comunidades autonómas tenían la sanidad ya transferida, etc....y de hecho la ministra Trinidad Jiménez en sus iniciales declaraciones resaltaba que su dedicación iba a ser plena a la parte de las políticas sociales, especialmente en sacar adelante la Ley de dependencia. La gripe A ha cambiado la agenda de trabajo de la ministra, pero hay que señalar que ha venido bien para reorientar y potenciar el Consejo Interterritorial de Sanidad y algunas otras cuestiones de temas de salud pública que ella apunta en la entrevista.
Esperemos que en lo que resta de legislatura tenga tiempo de avanzar en el desarrollo de la Ley de Dependencia, pues está muy interimbricada y "ensarillada" con todo el espacio de la cronicidad, del envejecimiento, de las discapacidades varias que día a día ocupan muchas horas de trabajo de los profesionales de la sanidad, además de otros problemas sociales que se "sanitarizan" para tratar de darles algún tipo de respuesta... y esto es aún más importante en lugares como la provincia de Ourense, la cual lidera a nivel del Estado las tasas de envejecimiento y dispersión poblacional.
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ENTREVISTA: TRINIDAD JIMÉNEZ Ministra de Sanidad y Política Social "Quiero unanimidad parlamentaria sobre el tabaco" por MARÍA R. SAHUQUILLO / EMILIO DE BENITO - Madrid - EL PAIS, 03/01/2010
La ministra de Sanidad y Políticas Sociales, Trinidad Jiménez, tiene la cartera que simboliza su cargo debajo de la mesa. "Pesa", advierte al cogerla, "aunque menos que el modelo de los hombres". La sujeta con las dos manos, representando todo lo que abarca, aunque para esta entrevista le va a bastar con un asa, la que tiene que ver con la parte sanitaria, que no es poco: desde la gripe al tabaco, para empezar. Pregunta. Ha habido comunidades que han decretado el fin de la alerta por la gripe A. ¿Va a seguir su ejemplo? Respuesta. Lo que hemos hecho en estos últimos meses es seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias internacionales, tanto de la OMS como de la UE. Aunque por el momento la gripe A es una enfermedad leve y tiene una mortalidad baja, queremos seguir manteniendo la vigilancia porque el invierno no ha concluido. Se trata de un virus nuevo y nuestra obligación es controlar la evolución futura. P. ¿Qué se va a hacer con las vacunas que no se van a usar? R. Con las vacunas tuvimos la precaución de acordar en los contratos con las empresas farmacéuticas que si necesitábamos un menor número de dosis les avisaríamos. Habíamos pedido 37 millones cuando todo el mundo predecía que harían falta dos dosis, pero en cuanto supimos que hacía falta sólo una se lo comunicamos. Estimamos que la compra final puede llegar a ser de 13 millones, de las cuales nueve los hemos servido a las comunidades autónomas, y el resto va a la reserva estratégica. P. ¿Y cuántas se han usado? R. Se han puesto alrededor de dos millones. No hemos llegado al 25% de los grupos prioritarios, pero pensamos que podemos llegar. Es una cifra baja, pero ligeramente superior a la media europea. Es cierto que desde la alarma inicial a la situación actual los ciudadanos han bajado la percepción de riesgo y no acuden a la recomendación de vacunación. P. ¿Se podrán vender vacunas en el canal privado? R. Eso depende de las farmacéuticas. En este momento no han querido hacer la petición a la Agencia Española del Medicamento porque no hay demanda y las personas que la necesitan la tienen en el sistema público. P. ¿Qué se va a hacer con los siete millones que sobran? R. Aún no ha concluido la campaña de vacunación ni el periodo necesario para saber cómo se va a comportar el virus. También nos hemos planteado, y lo hemos ofrecido en la UE, poner en una bolsa común las vacunas, pero ante el comportamiento del virus y el hecho de que existan enfermedades que causan más mortalidad, aún no hay un diseño de cooperación internacional. P. ¿Diría ahora que se exageró con la pandemia? R. Habrá que esperar. Es fácil hacer ese análisis en este momento, pero lo cierto es que cuando las autoridades sanitarias alertaron de que aparecía un nuevo virus, como lo desconocíamos todo de él, tuvimos que poner en marcha un sistema de alerta y vigilancia. A mí me han preguntado si exageré en la toma de decisiones. Pero hoy volvería a tomar las mismas, porque en todo momento actuamos con medidas proporcionadas a la situación que vivíamos. De hecho, el comportamiento del virus y su reacción han sido leves porque teníamos todo previsto para actuar. Evidentemente, después de que pase el tiempo podemos hacer un análisis más sosegado y completo. Francamente, creo que en España actuamos con mucha proporcionalidad, no actuamos como otros países y no nos dejamos llevar por la angustia de otros. P. ¿Cómo va a ser la ley antitabaco? R. Lo único claro es que por razones de salud pública vamos a modificar la ley. Es importante que eso lo entienda la gente. La decisión está tomada. El objetivo es que se deje de fumar en los espacios públicos cerrados. Cuándo y cómo lo vamos a hacer depende del proceso de negociación. El tabaquismo causa alrededor de 50.000 muertes al año entre los fumadores activos; y de 1.500 a 3.000, entre los pasivos. La gente tiene que saber que, como autoridad sanitaria, tenemos que tomar decisiones para proteger la salud de la población. Además, con la ley que aprobamos en 2005 se ha ido generando una cultura social en la que predomina que la gente acepte con normalidad que en los espacios cerrados no se debe fumar para no coartar la libertad de los demás. En las conversaciones que he tenido con los distintos grupos parlamentarios ninguno me ha mostrado rechazo a la medida. Pero no quisiera adelantar el contenido de la reforma hasta que llegue a un acuerdo. Quiero que la ley salga por unanimidad. P. ¿Y los hosteleros? R. No quiero entrar en confrontación con ellos, pero lo que yo les transmito es que prácticamente todas las legislaciones de la Unión Europea están avanzando en esta dirección, y que los datos que tenemos de los distintos países indican que esta medida no ha tenido ningún efecto negativo. Y si no lo ha tenido en Italia, Irlanda y Reino Unido, ¿por qué lo va a tener en España? En Reino Unido han abierto más locales, porque había una demanda de personas que no iban a ellos porque el ambiente era irrespirable. P. ¿Tendrán subvenciones? R. Plantear subvenciones porque hay una modificación legal que tiene coste cero me parece que no tiene sentido. Vamos a ver. La ley de 2005 no planteaba que los locales de más de cien metros tuvieran que hacer una reforma. Se dejó a la libre elección del empresario el que hicieran una separación. La ley no le obligaba. Y, por cierto, lo hizo menos del 1% de los 350.000 locales. P. ¿Cuándo van a incluir imágenes disuasorias en las cajetillas de tabaco? R. En breve. La decisión está tomada y está todo hecho. P. ¿No le molesta haberse quedado al margen en la ley del aborto? R. No nos hemos quedado fuera. Es una ley de Gobierno. He compartido con la ministra de Igualdad reuniones, decisiones, protagonismo en todos los sentidos que hemos estimado conveniente. No entiendo la política como compartimentos estancos, trabajo con muchos ministerios y creo que hemos llegado a una muy buena ley. P. ¿Qué va a pasar con los médicos objetores? R. La objeción de conciencia para los médicos existe desde que una sentencia del Tribunal Constitucional la reconoció. Son pocos los médicos que se acogen, y está perfectamente establecido en qué casos. P. ¿Qué balance hace de la venta de la píldora del día siguiente sin receta? R. Tenemos datos de las oficinas de farmacia y las empresas de que se ha podido multiplicar por tres la venta. Pero el aumento de las ventas no corresponde a un abuso, sino a una demanda no satisfecha que existía. P. En abril anunció que en tres meses iba a tener lista una ley de salud pública. ¿Qué ha pasado? R. No me cuesta reconocer que no es lo mismo hacer planes cuando llevaba 10 o 12 días al frente del ministerio que llevando ocho meses, como ahora. Si hacemos una ley queremos hacerla con la complejidad que entraña afrontar la salud en los próximos años. A medida que hemos ido profundizando hemos visto que necesitamos un poco más de tiempo. Es una ley que estará en el primer semestre de 2010, y que va a poner el acento en la prevención como elemento fundamental para la salud. La salud del siglo XXI va a estar centrada en la prevención. Prevención de la obesidad, práctica del ejercicio físico, lucha contra el tabaquismo, alimentación. Hablar de los determinantes sociales en la salud y las inequidades sociales en la salud es una visión muy progresista que me gusta muchísimo. Queremos introducir como novedad que todas las políticas que se hagan en el futuro tengan un estudio de impacto para la salud. P. ¿No hay riesgo de que sean sólo buenas intenciones? R. Desde los poderes públicos no sólo tenemos que introducir regulaciones en la vida de los ciudadanos, sino ir creando determinados hábitos de vida. P. ¿Definirá la ley mejor la participación de los pacientes en la toma de decisiones del sistema? R. Un capítulo específico va encaminado a la información y a la participación. Yo no veo a los pacientes como adversarios, sino como elementos necesarios para introducir las mejoras y detectar las disfunciones del sistema que no somos capaces de apreciar desde este lado. P. ¿Habrá pacto por la sanidad? R. Por el momento yo me he encontrado una total colaboración con las comunidades autónomas. Y con el sentimiento que me expresan los consejeros y consejeras de que la salud pública debe quedar fuera del juego político. Es legítimo que las diferencias políticas estén presentes, pero creo sinceramente que estamos en mejores condiciones que nunca para conseguir un pacto. P. ¿Cuándo? R. También en el primer semestre de 2010. Hay algunos elementos que están prácticamente ya acordados. Pero las comunidades me han pedido que incorpore algunos aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad del sistema. Me he comprometido con ellas a hacer un consejo específico. P. ¿No teme que se reabra el debate de la financiación? R. La aprobación de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas es un paso extraordinario. Hay que recordar que hubo un consejo donde se abordaron esos temas que hizo unas recomendaciones que se han incorporado todas al pacto, empezando por la revisión anual de la financiación. Y no olvidemos que se ha hecho una transferencia importante de impuestos (IVA, impuesto sobre la renta, impuestos especiales) que en cuanto nos recuperemos de la crisis, que nos vamos a recuperar, supondrá un aumento considerable de ingresos por parte de las comunidades. P. También dijo que iba a tener un compromiso sobre las listas de espera. ¿Cómo va eso? R. Se ha rebajado en cuatro o cinco días. Sé que es poco, pero ha habido un esfuerzo por parte de las comunidades. P. ¿Y habrá más transparencia? R. El hecho de que los datos se den agregados es porque alguna comunidad autónoma [Madrid] se ha quedado fuera porque usa indicadores diferentes. P. ¿No se le puede convencer para que use los de los demás? R. No hay mecanismos de obligatoriedad, pero creo que la manera en que estamos trabajando con esa comunidad nos va a permitir llegar a un acuerdo. P. ¿Va a modificar la ley que permite a las empresas privadas gestionar la sanidad pública? R. El problema no está en que los servicios públicos los gestione una empresa privada, porque hay empresas privadas muy buenas. La cuestión es que mantengamos el fin público, el control de calidad y el control de seguridad. El argumento que se ha venido esgrimiendo es que permite un mayor control del gasto público, pero yo no estoy tan segura. Si se me pregunta a mí, soy firme partidaria de la gestión pública de los servicios sanitarios, porque se ha demostrado en España que es de una extraordinaria calidad y eficiencia. Para seguir un tratamiento de una cierta complejidad o una cierta envergadura, los ciudadanos tienen asumido que donde más garantías van a recibir es en el sistema público. P. Entonces, ¿qué le parece la apuesta de Madrid y Valencia por una mayor participación de las empresas privadas? R. Tienen que hacer sus cálculos, porque habría que ver si realmente se consigue gestionar de una manera más eficiente y con menos gasto. © EDICIONES EL PAÍS S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 337 8200

1 comentario:

David Simón dijo...

Los cinco retos de la Ley de Dependencia
http://www.publico.es/espana/282584/ley/dependencia/trinidad/jimenez/sanidad
Diario "PÚBLICO" (03/01/2010)por VANESSA PI - MADRID -
La norma, en vigor desde hace tres años, beneficia a 463.303 personas. No obstante, su implantación es lenta
Las expectativas que se generaron cuando el 1 de enero de 2007 entró en vigor la Ley de Dependencia han desilusionado a miles de ciudadanos. Se quejan, sobre todo, de que las ayudas tardan demasiado en llegar. El 84% de la población cree que la Ley creó expectativas incumplidas, según un estudio de la Fundación Caser del pasado noviembre.
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, admite que "aún hay que dar respuesta a muchas situaciones pendientes", pero destaca que, en el último año, "los casos atendidos se han incrementado en un 140%". Un total de 463.303 personas ya reciben las ayudas.
Pese a las críticas, también los sindicatos, las asociaciones de dependientes y los profesionales de los servicios sociales aplauden la Ley, que por primera vez configura el derecho subjetivo a beneficiarse de un sistema de atención integral.

Aunque la norma entró en vigor en enero de 2007, la primera mitad de ese año se dedicó a preparar la estructura del sistema. Su implantación ha puesto de manifiesto que es imprescindible la coordinación entre los ayuntamientos, responsables de los servicios sociales tradicionales, y las autonomías, a quien corresponde aplicar la Ley.

Servicios sociales locales
Pero la realidad no es así. El hecho de que se considere la Ley como el cuarto pilar del Estado de Bienestar ha dejado de lado a los servicios sociales locales, según la presidenta del Consejo General de Trabajo Social, Ana Lima.
Hay notables diferencias entre autonomías en cóm funciona la Ley.
Un ejemplo de la descoordinación entre administraciones es que desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia los ayuntamientos han visto dispararse las solicitudes de atención a domicilio, una ayuda que prestan sus servicios sociales desde hace décadas. Esta prestación está ahora en la cartera de servicios para los dependientes. Por ello, el Estado transfiere el dinero por este concepto a las autonomías y no a los municipios.

"El mayor reto que tiene la ley es la ley en sí misma. Con la configuración de este derecho es necesaria la cooperación interadministrativa", explica la secretaria para la Igualdad de UGT, Almudena Fontecha.
También es necesaria una mayor cohesión territorial. Según la autonomía donde vivan, los dependientes están mejor o peor atendidos. Canarias y la Comunidad Valenciana son quienes peor aplican la ley, según el último dictamen de la Asociación de Gerentes y Directores en Servicios Sociales. Esta asociación puntuó con un 0,5 a ambas. Les siguen Murcia y Madrid, con un 1 y un 2 sobre 10, respectivamente. Donde mejor funciona el sistema es en Andalucía, Castilla-La Mancha y el País Vasco, que obtuvieron un 8.

Financiación del sistema
Las diferentes "interpretaciones de la Ley limitan y lesionan el objeto de asegurar iguales y suficientes garantías públicas en la valoración" del sistema, destaca la secretaria de Política Social de CCOO, Rosana Costa. Así, mientras en Castilla y León un 85% de las personas con derecho a una ayuda ya la recibe, en Canarias el porcentaje cae al 39%.

La Agencia de Evaluación y Calidad recomendó en un informe que el Ministerio acuda "a la vía jurisdiccional" cuando una comunidad incumpla de forma "flagrante" la Ley. Por su parte, la ministra evita el conflicto: "Hay comunidades que han avanzado más que otras, pero creo que todas tienen un compromiso con la Ley".